¿Desafío o necesidad? El reto de implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en entidades públicas y descentralizadas del sector público colombiano
Pensar en la implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en las entidades públicas y descentralizadas de Colombia representa, para quienes trabajamos en el ámbito del cumplimiento normativo, un escenario ideal; un verdadero anhelo por alcanzar. Sin embargo, este ideal viene acompañado de un gran interrogante: ¿cómo se estructuraría su normativa y qué organismo tendría la facultad de regularlo y vigilarlo?
Actualmente, observamos cómo el sector privado avanza impulsado por estándares estrictos y una actualización normativa constante bajo la lupa de las Superintendencias. En contraste, el sector público y sus entidades descentralizadas lidian con una fragmentación de controles, métodos y modelos de gestión (MIPG, PAAC, directrices de la Secretaría de Transparencia) que, con demasiada frecuencia, se quedan solo en el papel. Esta carencia de un estándar de cumplimiento unificado y dinámico acarrea graves consecuencias para la gestión estatal.
Como bien señala De La Hoz Mercado (2021), “la corrupción abre brechas en la gestión de la administración, poniendo en entredicho su eficiencia y su efectividad, por ser un limitante en la función pública y la convierte en disfuncional e ineficaz a la hora de darle solución a la problemática en este sector”. En las entidades descentralizadas —como las empresas de licores, de salud o de servicios públicos— esta disfuncionalidad es aún más crítica. Dichas entidades manejan altos presupuestos bajo regímenes de contratación muy estrictos que exigen un control más preventivo; no obstante, en el día a día evidenciamos una alarmante debilidad regulatoria. La diversidad de regímenes de contratación estatal, que varían según la naturaleza jurídica de la entidad y la forma en que administra los recursos, es evidencia de los incumplimientos y de la falta de estandarización en los controles estratégicos, misionales y de apoyo.
El impacto de esta problemática no es únicamente administrativo, sino que genera un impacto económico y social alarmante. De acuerdo con lo planteado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, s.f.), la corrupción interfiere directamente en el crecimiento económico al vulnerar principios fundamentales como la transparencia y la legalidad. Esto termina por entorpecer las administraciones y frenar o ralentizar el desarrollo de las regiones, lo que resulta en el estancamiento del crecimiento del país.
Para que este "sueño" se materialice, la nueva normativa no debería crear más burocracia, sino unificar los esfuerzos existentes. Una regulación eficiente para un PTEE público requeriría una articulación vinculante entre la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Transparencia, adoptando la rigurosidad de la debida diligencia y los canales de denuncia independientes, tal como sucede en el sector privado. Llevar el compliance al sector público y descentralizado no es un lujo legal; es la herramienta indispensable que falta para devolverle la legitimidad a las instituciones y garantizar que los recursos públicos cumplan su fin social y el objetivo para el cual fueron creados.